Reunión de dirección tras meses de tensas negociaciones con el comité de empresa. Se brinda con café por la firma y registro definitivo del Plan de Igualdad. «Por fin estamos al día con la ley», suspira el Director de Recursos Humanos de esta cadena hotelera. Al día siguiente, un asesor externo les envía un correo urgente recordando los plazos del Real Decreto 1026/2024. Las caras cambian. No, no estaban al día.
Una obligación legal independiente
La nueva normativa exige a todas las empresas de más de 50 trabajadores contar con un conjunto planificado de medidas para la igualdad real de las personas LGTBI. Esto no es un anexo al Plan de Igualdad, sino una obligación legal independiente que requiere, obligatoriamente, un protocolo específico contra el acoso LGTBI. Las empresas se enfrentan ahora al reto de integrar este nuevo requerimiento en su operativa sin colapsar administrativamente, negociando nuevas medidas de protección que abarquen desde la transición de género en el entorno laboral hasta la protección frente a microagresiones en los departamentos.
Más que una campaña de marketing
Integrar la diversidad ha dejado de ser una campaña de marketing en el mes del orgullo para convertirse en un imperativo legal y un pilar de la gestión del riesgo corporativo. Las empresas que ven esto como burocracia perderán talento; las que lo ven como estrategia, blindarán su reputación corporativa.
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