El gerente de una empresa de servicios turísticos respira aliviado. Ante los rumores de una inminente campaña de la Inspección de Trabajo, ha descargado un «Modelo gratuito de Protocolo de Acoso» de internet. Ha cambiado el nombre de la empresa en la portada, ha impreso una hoja de firmas y ha hecho que toda la plantilla firme deprisa y corriendo entre turnos. El documento acaba en una bandeja de la oficina. Asunto resuelto, o eso cree.
La trazabilidad de la implantación
Semanas después, el inspector se sienta en su despacho. No le interesa la hoja de firmas; pide ver la trazabilidad de la implantación, la evaluación de riesgos por puesto de trabajo y las actas de constitución de la Comisión Instructora. El gerente palidece. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) es tajante: presentar un documento genérico que no refleja la realidad operativa de la empresa, o que la plantilla no sabe cómo utilizar, equivale a no tenerlo. Las multas por esta simulación documental oscilan entre los 7.501 y los 30.000 euros, alcanzando hasta 225.018 euros si ocurre un incidente grave y la empresa está en indefensión.
Un escudo estratégico a medida
El cumplimiento normativo no es una carpeta acumulando polvo en un cajón de Recursos Humanos para salir del paso. Es un escudo estratégico diseñado a medida. Un protocolo descargado de internet no te protege; simplemente te da la falsa ilusión de seguridad justo antes del impacto.